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El dumping pone en peligro a los autónomos

Empresas de transporte contratan en condiciones precarias a conductores de Bulgaria y Rumanía

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El Estado deja de ingresar 20.000 euros por camión por las malas prácticas de estas empresas

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Esclavitud, economía sumergida, precariedad, peligrosidad, pobreza, intrusismo y competencia desleal. Éstas son las palabras que utilizan los autónomos transportistas cuándo se les pregunta sobre el dumping social que realizan algunas grandes y medianas empresas españolas con importantes flotas de camiones. Una lacra que han comenzado ya a denunciar y que está dando sus frutos como la reciente multa de 90.000 euros que la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda de Aragón ha comenzado a tramitar para una empresa de carga y para los camioneros contratados en el extranjero por ella.

Y es que los transportistas autónomos están más que hartos de que empresas españolas abran una filial “buzón” en países como Bulgaria o Rumanía y se traigan a camioneros de allí con sueldos de “miseria” para realizar portes a precios imposibles de igualar. Esta mala práctica comenzó hace tiempo. Según cuentan, algunas empresas cargadoras aprovechaban la legislación europea sobre libre circulación y abrían filiales ficticias en Bulgaria o en Rumanía para contratar allí trabajadores. Las leyes les permiten traer a España camiones cargados de mercancías y, durante la semana anterior a su vuelta, realizar hasta tres servicios dentro del territorio nacional a precios irrisorios. Pero el presidente de Tradime, Santiago Montenegro, la principal asociación de transportistas de Aragón, asegura que el fraude ahora es mayor y, en este momento, esos camioneros búlgaros o rumanos ya no vuelven a sus países de origen sino que se quedan en España al servicio de la empresa que les contrató, realizando portes que la Guardia Civil apenas si puede controlar.

Salarios de 270 euros mensuales

Para Tradime Aragón este dumping social es una nueva forma de esclavitud, por las condiciones que soportan estos camioneros extranjeros y, además, supone una competencia desleal que está hundiendo a los autónomos del transporte. El salario mínimo en Rumanía o Bulgaria apenas si supera los 270 euros mensuales y en España apenas si cobran un poco más. Estos trabajadores rumanos o búlgaros duermen en sus camiones y viven en España en una situación muy precaria, asegura Montenegro. Como término medio un conductor profesional en España puede llegar a cubrir hasta 6.700 kilómetros al mes. Pero en España está limitado por ley el número de horas diarias que puede estar un trasportista al volante. Mientras que los camiones españoles tienen controladas sus jornadas diarias, Tradime no está seguro de que sea igual en el caso de los transportistas extranjeros con la peligrosidad para la seguridad vial que eso conlleva.

También en España se exige una formación básica y obligatoria de 140 horas para aquellos que quieran transportar mercancías en camiones de más de 3.500 Kg, además de reciclajes de formación cada cinco años. Algo que los transportistas rumanos no tienen obligación de hacer.

Montenegro también pone énfasis en las ITV de los vehículos, ya que en España hay una legislación muy rigurosa en este sentido para todos los camiones. Sin embargo, el presidente de Tradime asegura que estas grandes empresas disponen de despachos de abogados en Bulgaria y Rumanía que les permiten resolver el problema de la ITV y otros papeleos por correo sin que el vehículo pase por ninguna inspección.

Tradime Aragón ha sido la asociación pionera en lanzar una campaña contra esta lacra que está desolando la economía de los autónomos transportistas españoles, denunciando la situación de peligro que supone para la seguridad vial y la explotación que sufren estos trabajadores de Bulgaria y Rumanía. A ello se suma que el Estado deja de ingresar unos 20.000 euros anuales por camión al estar matriculados fuera de España y no pagar impuestos, aseguran en Tradime. Un transportista en España, con un salario de 1.500 euros al mes, aporta 21.420 euros al año al Estado en concepto de Seguridad Social, IRPF, impuesto de sociedades, impuesto de circulación, seguros y tasas.

Montenegro exige un mayor control en carretera por parte de la Guardia Civil, el endurecimiento de las sanciones y que las empresas operadoras y los trasportistas extranjeros cumplan la legislación española en materia de transporte de mercancías, además del pago de impuestos. Eso equilibraría los costes que soporta un autónomo español con los de los camioneros traídos de fuera evitando el dumping de precios. “Si no, el futuro del transporte español y el de miles de autónomos puede peligrar gravemente”, asevera Montenegro.