Miércoles. 20.09.2017

Las comunidades autónomas reducen su deuda con proveedores más de un 75% desde 2012

Pese a que la media ha bajado a 51 días, todas las regiones siguen incumpliendo los periodos de pago.

Las comunidades autónomas reducen su deuda con proveedores más de un 75% desde 2012

De casi 25.000 a algo más de 6.600 millones de euros. Es decir, un 75,77%. Es la medida en que se ha reducido la deuda comercial de las comunidades autónomas con sus proveedores entre enero de 2012 y junio de 2017.

Lo abultado de la cifra demuestra que, tras cinco años, las medidas de choque puestas en marcha en la era Montoro para subsanar la maltrecha situación de los autónomos y las pymes que prestan sus servicios a la administración están surtiendo efectos. Según el último Informe de plazos de pago a proveedores y deuda comercial del mes de junio hecho público por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, las autonomías deben a sus proveedores 6.651.465,60 millones de euros.

Cataluña, con más de 1.518 millones de euros, Comunidad Valenciana, con 1.457 y Comunidad de Madrid, con 1.124, son las regiones con más acumulado en el debe de sus cuentas. Por el contrario, Navarra con poco más de 33 millones euros, La Rioja con 53,9 y Asturias con 107 son las que menos cuantía registran.

Al buen devenir de las cuentas se suma el mejor comportamiento de los Periodos Medios de Pago (PMP) a proveedores, que se acercan algo más a los plazos que marca la ley. A final del semestre, el PMP de las 17 comunidades se situó en 51,51 días -21,51 según el particular método de cálculo del ministerio, que otorga 30 días de gracia desde la entrada de la factura en el registro-. Aún así, esta cifra se ha reducido más de la mitad desde noviembre de 2015 cuando se alcanzó el máximo de la serie temporal con 92 días de media. Aún así, cabe destacar que ninguna comunidad autónoma cumple con los periodos medios de 30 días que exige la normativa europea en materia de morosidad.

En este apartado, el ranking de las autonomías peor pagadoras lo lidera Murcia, con 80,46 días de media, seguido de la Comunidad Valenciana, con 74,64 y Cantabria, con 72,65. Al podium de las más responsables su suben País Vasco, Andalucía y Navarra, que abonan sus facturas antes de que se cumplan 30 días desde el registro.

Sector sanitario

Más allá de la mediática deuda catalana con las farmacias, lo cierto es que el sector sanitario es el que más importe acumula. El 60,81% del total de la deuda comercial (4.044,52 millones de euros) se corresponde con farmacias y hospitales.

A este respecto, la Comunidad Valenciana acumula la mayor suma con 1.057,43 millones de euros, por delante de Cataluña, con 874.579,34 euros. Cifra esta última que dobla la de Madrid, 444.157,25 euros, tercera comunidad con más pagos pendientes en sanidad.

No obstante, el dato positivo es que los periodos medios de pago en sanidad se han reducido hasta los 51,18 días en junio frente a los 102,17 de noviembre de 2015.

Por su parte, los autónomos y pymes del sector administrativo, con 48,88 días de media es el que menos ha de esperar a cobrar. Frente a ello los 62,34 del sector empresarial y funcional.

A falta de régimen sancionador

Corría el mes de febrero de 2012 cuando Hacienda empezaba a rescatar las facturas acumuladas en los cajones de la administración y anunciaba la puesta en marcha del Plan de Pago a Proveedores. Plan que se ampliaría en febrero y junio de 2013 cuyo resultado fue el abono de más de 41.800 millones de euros a cerca de 191.000 empresas, autónomos y pymes que habían trabajado para las distintas administraciones.

Paralelamente, la Ley de Estabilidad Presupuestaria establecía una serie de medidas preventivas y coercitivas, que pasan incluso por la retención de los importes pendientes de pago a proveedores y su pago directo por Hacienda. Pese a todo, once comunidades autónomas han recibido la misiva de Hacienda -algunas como Aragón y Extremadura hasta en cuatro ocasiones-. Y a fecha de hoy se continúa incumpliendo con los plazos establecido en la Ley de Morosidad, en el caso del sector público se fijaba en 30 días y en el privado en 60 días.

La causa, según han denunciado organizaciones de autónomos como ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos) o la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), la falta de un régimen sancionador. Tras casi un lustro, el pasado mes de junio el Pleno del Congreso tomaba en consideración la Proposición de Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad, impulsada por Ciudadanos. El texto establece multas de entre 60 y 819.780 euros, en función de si el incumplimiento es leve, grave o muy grave y la creación de un Observatorio estatal contra la morosidad. Ahora bien, toda vez que se ha puesto negro sobre blanco habrá que esperar para que, tras superar los trámites del debate y la aprobación definitiva, el régimen sancionador vea definitivamente la luz, algo que podría alargarse hasta bien entrado el próximo año.

Las comunidades autónomas reducen su deuda con proveedores más de un 75% desde 2012